EDITORIAl

Un llamado a la coherencia y al respeto mutuo en la búsqueda de justicia.

La reciente exigencia de Haití para esclarecer la muerte de una de sus nacionales es comprensible y legítima. Toda nación tiene el derecho —y el deber— de velar por la integridad y la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, con esa misma determinación, la República Dominicana también reclama claridad, respeto y respuestas concretas ante los casos de dominicanos que han sido mutilados, asesinados o afectados por hechos violentos que aún esperan justicia.

La defensa de la vida no debe ser selectiva. La justicia no puede gestionarse con un doble estándar. Así como se espera diligencia y transparencia en los casos que involucran a extranjeros en territorio dominicano, también es imprescindible que exista el mismo nivel de compromiso cuando se trata de ciudadanos dominicanos víctimas de violencia, ya sea dentro del país o fuera de sus fronteras.

Este no es un reclamo de confrontación, sino de equilibrio. Es una petición firme, respetuosa y soberana para que las relaciones bilaterales se fundamenten en la reciprocidad y en el reconocimiento del valor de cada vida humana.

Los dominicanos merecen que sus casos sean tratados con la misma urgencia con que se atienden las demandas de otros Estados. La colaboración internacional debe ser un puente de entendimiento, nunca un mecanismo unilateral. Porque para fortalecer la confianza entre naciones, es necesario que ambos lados actúen con coherencia, responsabilidad y compromiso con la verdad.

La República Dominicana reafirma su disposición al diálogo y a la cooperación, pero también alza su voz con energía para recordar que la justicia debe ser imparcial, equilibrada y universal. Solo así se garantiza la dignidad de cada persona y se construye un futuro más seguro y respetuoso para ambas naciones.